Otorga validez jurídica a los documentos electrónicos y a la firma electrónica, tanto simple como avanzada, y regula a los prestadores de servicios de certificación acreditados.
Aplica a organismos del Estado y a privados que suscriban documentos electrónicos con efectos jurídicos.
Integramos la firma electrónica avanzada al ciclo documental del SGSI (ISO 27001) y a los flujos ARCOP del PIMS (ISO 27701), garantizando trazabilidad y no repudio.
¿Tu organización cumple con los estándares exigidos por la ANCI? Evita sanciones de hasta 20.000 UTM. Diseña tu matriz de cumplimiento técnico-jurídico con nuestro equipo multidisciplinario.